La pandemia golpeará con más fuerza a las personas más vulnerables, muchas de ellas viviendo en asentamientos informales y barrios marginales en las ciudades.
Estas áreas están densamente pobladas, con sistemas de transporte público masificados, poca o ninguna gestión de residuos, ausencia de servicios básicos y viviendas deficientes. Las medidas recomendadas para prevenir la transmisión de COVID-19, como el lavado de manos y el distanciamiento social, a menudo son imposibles en dichas áreas, donde las instalaciones de salud son mínimas.
Gobierno desempeña un papel importante para detener la propagación de la pandemia zonas urbanas
Las autoridades locales deben mantener sus ciudades funcionando en términos de suministros de alimentos, apoyo a los más vulnerables y acceso a la atención médica. Necesitan trabajar con expertos en salud urbana, agencias gubernamentales en todos los niveles, expertos en saneamiento, científicos sociales, innovadores y planificadores urbanos. Es esencial que la coordinación de la respuesta internacional esté descentralizada a las principales áreas urbanas, adaptándose al contexto urbano y trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos locales.
Las medidas críticas pueden implicar la ubicación de clínicas móviles de atención médica más cercanas a las comunidades afectadas, y mapear las instalaciones de salud para mejorar el acceso a las pruebas y el tratamiento.
Autoridades deben tratar de trabajar con asociaciones comunitarias para mejorar la higiene y el saneamiento.
La experiencia de ONU-Habitat en agua y saneamiento, transporte, otros servicios básicos y mejoramiento de barrios marginales junto con sus amplias redes pueden respaldar tales medidas.
Consecuencias económicas para quienes se encuentran en asentamientos informales serán duraderas
A medida que las ciudades suspenden las actividades diarias y restrinjan el movimiento, los trabajadores independientes y los que trabajan informalmente perderán sus ingresos. Esto puede provocar que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares debido a su incapacidad para pagar el alquiler. Sin ningún beneficio social, no podrán cuidar a sus familias. El trabajo de ONU-Habitat sobre los derechos de vivienda, la seguridad de la tenencia y la lucha contra los desalojos forzosos puede ayudar a desarrollar medidas políticas eficaces y soluciones de colaboración a este respecto.
Las comunidades deben ser capacitadas y apoyadas para reconocer los signos de la enfermedad.
Asimismo, facilitar el cuidado en el hogar y la auto cuarentena, participar en el rastreo de la comunidad y prevenir la propagación de la enfermedad, así como llevar a cabo la recopilación de datos. Este trabajo puede complementar el trabajo de las autoridades locales y nacionales y debe desarrollarse dentro de los marcos nacionales de acción.
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